Sin justicia no hay poder legítimo

El término “contrato social”, que engloba las teorías de Hobbes, Locke y Rousseau, es el fundamento ideológico del Estado constitucional actual. La ficción en estas teorías consiste en afirmar que el súbdito o el ciudadano ha cedido parte o todos sus derechos al soberano, esto es, al gobierno; que ha entregado total o parcialmente sus derechos al poder político, esto es, nada menos que al estado burocrático y anónimo que lo domina.

Los “contractualistas” sostienen que el “individuo” pacta consigo mismo (en su fuero interno) esta transferencia de sus derechos al poder político; y este lo hace por miedo a la guerra de todos contra todos (Hobbes), porque esto es lo más conveniente para el bienestar general (Rousseau), o, porque así obtiene las garantías de la libertad y la propiedad (Locke).

La idea es irracional y sólo encubre un slogan propagandístico exitoso para justificar un nuevo poder político nacido desde cero mediante la revolución, que barre con su nueva idea todos los fundamentos políticos heredados del régimen anterior. ¿Quién en su sano juicio puede creer que la sociedad nace cuando un solitario, debajo de un árbol o escondido en un arbusto, sea por miedo o soledad, “pacta consigo mismo” para vivir con los demás?

Hay una condición preexistente ineludible para pactar con los demás: el sentido de la justicia, esto es, si lo que doy equivale a lo que obtengo. Ese sentido de la justicia sólo se aprende mediante la interacción social en la familia y con los demás, pero no puede existir en un imaginario misántropo solitario, como aquel individualista extremo sugerido por Rousseau.

Toda constitución (texto que muchos profesores universitarios aún creen que es fruto de la fábula del “contrato social”) sólo subsiste en la medida en que sea justa y no por las ficciones filosóficas prestadas al derecho privado o las formas legales que la sacralizan. Si resulta injusta creara opresión. Llegadas las cosas a cierto punto, será derogada inclusive por la fuerza, como ha ocurrido tantas veces alrededor del mundo.

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En realidad nunca pactamos nada; a lo más consentimos o delegamos, que no es entregar nuestros derechos. La idea fue inventada para sustituir la idea paulina de que “todo poder viene de Dios”, fundamento moral de la obediencia en las monarquías tradicionales europeas, sustituyéndolo por otra idea, la del contrato social, esgrimido por aquellos que derrocaron a esas monarquías.

Reemplazaron a la divinidad por el “contrato social”, para así obligarnos a obedecer al poder político con ese nuevo principio “metafísico”, si cabe utilizar el término para esa ficción. A su vez, los comunistas y los nazis, al ver el éxito de la sustitución burguesa, intentaron otras sustituciones con ficciones como “la sociedad comunista” o el “fhürerprinzip”. Hoy, la idea de “la humanidad”, a su vez, se convierte en la nueva ficción, desplazando a todas esas ideas. En el Siglo XXI, hasta puede iniciarse la guerra unilateralmente y en violación de la Carta de la ONU, invocando a “la humanidad”.

La realidad es que los gobernados delegan funciones, porque esa es la única manera práctica de gobernar sociedades grandes, pero nunca entregan “derechos”. Nadie se priva del derecho a la justicia, así esta esté abolida en un régimen de terror. Seguiremos teniendo nuestro derecho a lo justo así el fisco nos oprima, o el gobierno nos quite nuestros bienes y nuestras armas personales, o nos meta al Gulag. La justicia es inderogable y natural.

Si el Rey en el pasado o el gobierno electo de hoy nos oprime, nos sublevamos porque son injustos y no porque hayan violado ningún contrato social. Ninguna sublevación, revolución, motín o golpe de Estado, ha pretextado la violación del contrato social como móvil de la sedición. Todos han apelado, con razón o sin ella, a la justicia.